Columna de Opinión

Curules de Paz: una revictimización de la democracia tradicional

Por: Felipe Carlos Amaya

Nunca pensaron los actores estratégicos del proceso de paz que una vez definida y determinada la apuesta política de participación directa de las víctimas del conflicto en los escenarios de tomas de decisión, caso puntual el Congreso de la República, que más que una oportunidad imperdible de 8 años, se convirtiera en una revictimización del poder político tradicional y de la confabulación  de muchos sectores en las regiones y municipios PDET, entre ellos la misma población víctima del conflicto. Y es que los resultados electorales en el país de las 16 curules de paz o CITREP, evidenciaron grandemente lo que por mucho tiempo se estuvo manifestando sobre la necesidad de blindar poderosamente el escenario de las curules de paz para que efectivamente fueran ocupadas por las personas que sufrieron de frente la inclemencia del conflicto armado colombiano y no quedaran en manos de otros ciudadanos que se aprovecharon de la coyuntura electoral. La CITREP 8 o Montes de María no fue la excepción.

Al retroceder en el tiempo y mirar la normativa establecida como fundamento jurídico y legal, no podemos dejar de lado el antecedente marcado por la ley 1448 de 2011 que abrió el escenario para el establecimiento del conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3 de la mencionada ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibilitara hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconociera su condición de víctimas y se dignificara a través de la materialización de sus derechos constitucionales (artículo 1 de la ley 1448 de 2011) logrando hacer visible, de una forma diferente, a millones de colombianos y colombianas afectados por la violencia en todo el territorio nacional.

En el año 2026, cuando se llega al segundo periodo de elecciones a CITREP establecido por el Acto Legislativo 02 de 2021 en cumplimiento del punto 2.3.6 del Acuerdo final para una nueva y última elección de los representantes, el panorama no ha cambiado mucho respecto del proceso anterior sin que ello indique aspectos de favorabilidad en materia de aplicación de la norma, enfrentando mayores alertas de seguridad e irregularidades en el censo electoral, a diferencia de la implementación inicial de 2022. Existe además una situación o capítulo que se le suma relacionado con que 7 congresistas actuales están aspirando y quieren permanecer en la Cámara de Representantes (Sierra Nevada y Perijá, Bajo Cauca, Chocó, Montes de María, Pacífico Medio, Urabá Antioqueño), mientras decenas de organizaciones intentan abrirse paso en un escenario que sigue siendo complejo. El año 2022 evidenció lecciones importantes para no dejar perder de vista, en diferentes partes del territorio de las 16 circunscripciones especiales se produjeron amenazas, enfrentamientos locales, un nivel de inseguridad que no brindó garantías, los actores políticos tradicionales influyendo en los procesos y participando activamente a sabiendas de mantenerse marginados de dichas dinámicas.

Si se revisa el comportamiento de participación entre el año 2026 y el ocurrido en el año 2022, salta a la luz una reducción cercana al 40% en materia de listas y de aspirantes, pasando de tener 203 listas con 404 aspirantes en el año 2022 a tener 122 listas con 246 aspirantes en el año 2026.

Si se revisa el comportamiento de participación entre el año 2026 y el ocurrido en el año 2022, salta a la luz una reducción cercana al 40% en materia de listas y de aspirantes, pasando de tener 203 listas con 404 aspirantes en el año 2022 a tener 122 listas con 246 aspirantes en el año 2026; una de estas disminuciones más evidente se presenta en la CITREP 13, donde hay municipios de Bolívar y Antioquia, y que pasó de 30 listas en 2022 a solo 6 en el presente año 2026 y en la CITREP 8 de los Montes de María, donde se pasó de 22 listas con 43 aspirantes en 2022 a tener 10 listas con 20 aspirantes en el año 2026. Podría pensarse que esta disminución en la participación traiga consigo una mejor oportunidad en el escenario electoral para todas esas organizaciones sociales y comunitarias con trayectoria en los territorios ya que sería un proceso electoral más sencillo, menos problemas por divisiones locales, se harán más visibles las campañas, la gente podrá identificar mejor a sus aspirantes y la reivindicación de la población víctima en elegir a los suyos.

Sin embargo, un problema fundamental que imposibilita mayores oportunidades a las organizaciones sociales y comunitarias es el tema de la financiación. No tener disponibilidad de recursos en gran escala, con grandes traumas administrativos que no son posible solventar por organizaciones pequeñas, los anticipos que no son suficientes, hacen que muchas organizaciones se queden por fuera de la fiesta electoral, cuando son estas las llamadas a fortalecerse por el Acuerdo de Paz; y que dicha situación, sea aprovechada por los tradicionales para intervenir e interferir en los procesos, como se evidenció en 2022. Esta recta final es determinante para todas esas organizaciones que se tienen en el territorio, agrupadas en víctimas, campesinas, étnicas y sociales, que continúan con su incansable lucha por el fortalecimiento en la participación democrática en los espacios comunitarios, sociales y políticos, tratando de sortear la dificultad que representan estos procesos, teniendo que ajustar y amoldar cada cambio en las normas, con una debilidad en los recursos para la financiación, la inseguridad y la persistencia de los partidos tradicionales en meter las narices en el proceso electoral.

A pocos días del proceso, lo que se puede observar es que las comunidades y organizaciones de los distintos territorios CITREP, siguen en su apuesta política y electoral, revisando en detalle, los errores cometidos y buscando hacer las correcciones del caso, que les permitan ocupar una curul en el Congreso de la República, que fue diseñada y estructurada para ellos y que la realidad del 2022 mostró como una revictimización más en el orden político del país.