Columna de Opinión

Violencia contra los docentes de planta de la U. de Sucre

Por: Mara Mercedes Osorno Navarro

La situación experimentada en el campus universitario de la Universidad de Sucre el 20 de abril pasado, constituye un fenómeno complejo de violencia psicosocial, simbólica e institucional, que debe analizarse no solo como un conflicto disciplinario o una protesta estudiantil, sino como una expresión de deterioro de la convivencia democrática, afectación de derechos fundamentales y riesgo para la salud mental colectiva de sus docentes.

Los hechos ocurridos, son una muestra de injuria pública, hostigamiento colectivo, señalamiento degradante y caos, generando en las victimas eventos de pánico y temor posterior para ejercer la docencia, representando una ruptura profunda de los principios que sustentan la educación superior, en un Estado Social de Derecho.

Desde una perspectiva de salud pública, justicia social y cultura de paz, el caso revela la violencia simbólica, transformándose en violencia estructural e Institucional, afectando el tejido social universitario y debilitando las condiciones necesarias para la construcción democrática del conocimiento.

Desde el análisis de la Ley 1620 de 2013: Convivencia y Mitigación de Violencia y Formación para los Derechos Humanos, se especifica prevenir violencia, fortalecer ciudadanía, promover resolución pacífica de conflictos y proteger derechos humanos en contextos educativos. Esta Ley promueve precisamente estrategias de: gestión pacífica, cultura de paz y resolución no violenta de conflictos. Aunque dirigida principalmente a la Educación Básica y Media, sus principios son plenamente relevantes para las universidades, porque la convivencia democrática es transversal a todo el sistema educativo. Aunque la protesta estudiantil constituye un derecho democrático, pierde legitimidad cuando deriva en injuria, hostigamiento, intimidación, degradación humana y generación de terror psicológico.

El señalamiento público de profesores como “ratas” y “corruptos”, representa una forma de violencia simbólica y de estigmatización, que deteriora la convivencia institucional y rompe los principios de respeto y dignidad humana. No basta con que la ley 30 reconozca formalmente la libertad de enseñanza. El Estado y la Institución, en este caso la Universidad de Sucre, deben garantizar condiciones reales de seguridad física y emocional para ejercerla.

Desde la perspectiva de género y análisis de la Ley 1257 de 2008, se establecen mecanismos para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia en contra las mujeres. En las mujeres expuestas al acto bélico ocurrido en el campus, se ocasionó crisis de pánico, miedo intenso, inseguridad y temor de retornar al espacio académico. Se trata de un caso de violencia psicológica y afectación emocional con un impacto diferencial sobre las mujeres presentes.

Según la Ley de Justicia y Paz 975, para la cultura de paz, es importante la verdad, la reparación, la no repetición y resarcimiento del dolor. Uno de los principios centrales de la justicia transicional es: evitar reproducción de violencia, fortalecer reconciliación, promover reconocimiento del otro como sujeto de dignidad. Cuando el adversario es deshumanizado mediante insultos y hostigamiento colectivo, se reproducen lógicas propias de escenarios de confrontación social extrema. La Universidad, lejos de reproducir esas dinámicas, debería funcionar como laboratorio de paz, espacio de mediación y territorio de reconciliación democrática.

Desde la perspectiva de ODS Paz y Justicia en instituciones sólidas, un acto beligerante dentro de una IES, es considerado un obstáculo directo y grave para el desarrollo sostenible y la construcción de ciudadanía. Las IES deben ser espacios seguros, inclusivos y democráticos. Este acto beligerante, erosiona el tejido social, deteriorando la confianza y la convivencia, bases fundamentales para la paz social. Los fueron un evento crítico de riesgo psicosocial agudo, producto de estrés postraumático, “burnout” docente, hipervigilancia, ansiedad anticipatoria, miedo laboral, deterioro cognitivo asociado al estrés.

El temor de los profesores a regresar al aula, demuestra afectación real del entorno laboral y educativo. Todo lo anterior constituye un episodio grave de violencia psicosocial e institucional que afecta la convivencia democrática, la libertad de cátedra, la dignidad humana, la salud mental, la seguridad de las mujeres y el derecho colectivo a la educación.

Lo ocurrido en el campus principal de la Universidad de Sucre, también es una muestra de violencia epistémica, porque se ha desacreditado a los profesores en la producción de conocimiento. Se ha destruido su legitimidad intelectual, se ha deshumanizado su rol académico e invalidado socialmente su autoridad profesional. Todo por buscar silenciar o intimidar mediante exposición pública o estigmatización económica como mecanismo de deslegitimación, reduciendo moralmente al docente, cosificándolo económicamente, deshumanizándolo profesionalmente, erosionando la legitimidad social de quien produce y transmite conocimiento, limitando el pensamiento crítico, reduciendo la publicación y afectando el ecosistema de producción de conocimiento.

Las directivas de la Universidad de Sucre tiene el deber ético, jurídico y social de investigar, reparar, prevenir, proteger a las víctimas, fortalecer cultura de paz, garantizar espacios seguros para el aprendizaje y el ejercicio docente. Desde la salud pública, el caso evidencia la violencia simbólica y colectiva erosionando profundamente el tejido democrático universitario y obstaculizando la construcción de una sociedad basada en justicia social, convivencia y paz.