La camarilla
Por: Alejandro Chala
La crisis estalló en aquel Consejo. El país pudo ser testigo de las tensiones inherentes dentro del gobierno, las acusaciones del presidente de un sector sectario de izquierda que no comprendía el ejercicio del poder (a la que luego llamaría "oposición de izquierdas") y la urgencia por tener funcionarios "locos" como Benedetti que se arriesgaran y dieran la vida por el proyecto. Gente que no tuviera nada que perder. También gente que tampoco tuviera escrúpulos para lograr los objetivos finales en un año que se tornaba complejo por el inicio del ciclo electoral, la crisis con los Estados Unidos y el bloqueo político parcial con el que el Congreso jugó para tratar de detener la agenda legislativa pendiente del gobierno.
Un año después, la foto es distinta. Por lo menos, el presidente trató de conformar dos núcleos duros donde poner a residir al poder tras la salida de Laura Sarabia. Primero, lo intentó con la tríada entre Angie Rodríguez, Armando Benedetti y Guillermo Alfonso Jaramillo, con la que sostuvo parte de su gobernabilidad durante el 2025. No obstante, en la ecuación apareció Juliana Guerrero, y ahora el núcleo ya no reside en nadie, sino en cierta anarquía interna en la que existe un "Estado de naturaleza" entre funcionarios que se carcomen y disputan escenarios de la burocracia ante el cierre del gobierno, al que le quedan solo 6 meses.
En su edición dominical del 1 de febrero, Revista Cambio publicó en su portada una investigación en la que profundizó en el nuevo rol que ha ido adquiriendo Juliana Guerrero, luego de que estallara el escándalo de los títulos falsos. La pone en un lugar privilegiado como operadora política informal, dando órdenes y generando rencillas que terminaron, en este caso, con la salida de Angie Rodríguez, exdirectora del DAPRE.
Y es que el caso de Juliana Guerrero no solo responde a los caprichos de la lealtad ciega con la que el presidente ha juzgado sostener su gabinete y mantener sus relaciones políticas, sino también a la incapacidad y la frustración del gobierno por construir una nueva tecnocracia adecuada para consolidar su proyecto progresista.
Y es que el caso de Juliana Guerrero no solo responde a los caprichos de la lealtad ciega con la que el presidente ha juzgado sostener su gabinete y mantener sus relaciones políticas, sino también a la incapacidad y la frustración del gobierno por construir una nueva tecnocracia adecuada para consolidar su proyecto progresista. En parte, porque el presidente teme que esa tecnocracia tome suficiente voz e independencia para señalarle sus errores y desaciertos, o para indagar que hay sectores de funcionarios que también han sucumbido ante la tentación y las mieles de un sistema clientelar estructural que brinda ganancias a costa de reproducirse, sin importar el signo ideológico de quien llega a estos escenarios.
Es decir, estamos en una tensión estructural entre un liderazgo carismático que ha buscado concentrar el poder y la necesidad de construir un proyecto hegemónico capaz de sobrevivirle. Entonces, en cierto sentido, la paradoja a la que se enfrenta este gobierno es que, en nombre de sostener el proyecto del progresismo, ha terminado debilitando poco a poco las condiciones institucionales desde las izquierdas que permitirían que ese proyecto pudiera trascender al propio presidente Petro.
En este caso, todos hacen silencio y se guardan las opiniones para evitar que la ira de los nuevos Mazarinos y Richelieus, operadores de corte, expertos en administrar intrigas y disciplinar lealtades, se posen sobre sus cabezas. Porque si hay algo en lo que estas nuevas camarillas se han vuelto eficientes, es en instrumentalizar las disputas internas en la izquierda y sus temores, y afilar el discurso de la disciplina para evitar desviaciones.
El riesgo de figuras como Juliana Guerrero y su escándalo sobre los títulos falsos está allí, en que el gobierno infló de manera artificial a muchas figuras y sectores que aún no tienen competencias para el ejercicio del poder. Les puso allí precisamente porque, al depender totalmente del presidente para su supervivencia política, se vuelven instrumentos ciegos y leales para purgar a otros ministros y figuras que amenazan con tomar su propia autonomía política.
Lo que asoma en el ocaso del gobierno Petro es el tipo de poder que se ha ido consolidando, en tanto es un poder frágil, sostenido más en la dependencia personal, la disciplina y la lealtad que en la capacidad, en la deliberación y la defensa de un mensaje político y ético unificado. Lo paradójico es que, al intentar blindar el proyecto frente a sus enemigos externos e internos, el gobierno ha venido erosionando las bases institucionales que pueden hacer posible su continuidad más allá de este ciclo.
Ante el escenario electoral que ya se abre, el progresismo no solo enfrenta el desafío de construir una nueva candidatura, sino de resolver una forma de administrar el poder que, de persistir, amenaza con reproducir estas mismas tensiones en cualquier intento futuro de gobierno.
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