Columna de Opinión

Cuando el Estado llega a morir, pero no a rescatar

Por: Carlos Enrique Paternina

La mañana del 23 de marzo, un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se accidentó en zona rural de Puerto Leguizamo, Putumayo. A bordo viajaban 128 personas —militares, tripulantes, policías—. Al cierre de las primeras horas, 68 de ellos habían muerto. Los heridos fueron evacuados en aeronaves de la propia Fuerza Aérea, hacia Florencia y Bogotá, porque en el Putumayo profundo no existe un sistema civil capaz de responder a una emergencia de esa magnitud.

Colombia lloró, como sabe hacerlo. Pero antes de que el dolor se enfríe, vale la pena hacer una pregunta incómoda: ¿por qué seguimos sorprendiéndonos?

La geografía no es la condena. La planificación sí.

Durante décadas hemos construido un Estado que funciona razonablemente bien en las capitales y se va diluyendo a medida que nos alejamos de ellas. No es un accidente del destino. Es el resultado acumulado de decisiones de inversión, de prioridades presupuestales, de planes de desarrollo que hablan de equidad territorial en sus primeras páginas y la olvidan en sus anexos de inversión.

Puerto Leguizamo no es una anomalía del mapa. Es Colombia. Es el territorio donde el Estado exige presencia —militar, policial, institucional— pero no garantiza las condiciones mínimas para que esa presencia sea sostenible y segura. Si desplegamos allí a nuestros uniformados, tenemos la obligación de garantizar que cuando algo sale mal, hay cómo responder.

Ayer esa obligación la cumplieron los propios militares y habitantes del territorio, rescatando a sus compañeros con sus propios medios, en medio de su propio duelo.

El dato que más duele no es solo la cifra de muertos. Es el recorrido que tuvieron que hacer los sobrevivientes para recibir atención. La Fuerza Aérea movilizó un King Air medicalizado, un C-130 con capacidad para cincuenta camillas, un C-295, un UH-60. Esa capacidad de respuesta es admirable. Y al mismo tiempo revela que en Colombia el sistema aeromédico de emergencias es, en la práctica, un sistema militar. No porque así se haya diseñado, sino porque nadie diseñó otra cosa.

Los hospitales de segundo y tercer nivel en departamentos con baja densidad vial no tienen helipuerto como requisito de habilitación. Los Planes Departamentales de Salud Pública no incorporan la evacuación aeromédica como componente de la red. Los Planes de Ordenamiento Territorial no reservan suelo para zonas de aterrizaje de emergencia como equipamiento colectivo. Nada de eso está exigido. Y lo que no se exige, no se planifica. Lo que no se planifica, no se construye.

El resultado es un sistema que reacciona con lo que tiene —la valentía y los recursos de quienes están en el terreno— pero que no ha sido diseñado para responder.

No se trata de importar soluciones. Se trata de aprender de lo que ya funciona y adaptarlo a nuestra realidad. Brasil construyó un SAMU Aéreo con cobertura regional. Chile desarrolló sistemas de evacuación para sus zonas extremas con flotas mixtas entre el Estado y operadores privados. Colombia tiene las herramientas jurídicas —la Ley de Gestión del Riesgo, el Sistema General de Participaciones, las regalías, los esquemas de Asociación Público-Privada— para construir algo equivalente. Lo que ha faltado es la decisión política de hacerlo.

Un sistema nacional de evacuación aeromédica civil, con bases operativas por macrorregión y articulado con los Centros Reguladores de Urgencias, no es un sueño tecnocrático. Es una deuda con el territorio. Igual que la exigencia de helipuerto operativo para todo hospital de referencia en municipios sin vía primaria confiable. Igual que la incorporación en los POT de la reserva de suelo para infraestructura de emergencias como categoría obligatoria de equipamiento colectivo.

La respuesta honesta tiene tres partes. Primera: las muertes por falta de evacuación oportuna no generan titular. Se diluyen en estadísticas de mortalidad evitable, en informes técnicos que nadie lee, en diagnósticos que se archivan. Segunda: salud, defensa, gestión del riesgo y planeación territorial no hablan entre sí de forma sistemática en el nivel departamental y municipal. Cada uno planifica su pedazo, y en los bordes de esos pedazos es donde muere la gente. Tercera: un helipuerto no inaugura bien. No tiene cinta que cortar. No da votos de la misma manera que un parque o una vía. Y en un sistema político que mide el éxito en inauguraciones, lo que no es visible tiende a no existir.

Colombia enfrenta en los próximos meses el inicio de un nuevo ciclo de planificación territorial. Los planes de desarrollo departamentales y municipales, los POT en revisión, los planes de gestión del riesgo. Es una ventana. No para reaccionar al dolor de esta semana, sino para convertir ese dolor en agenda técnica concreta, en norma, en presupuesto, en infraestructura real.

Porque este país no puede seguir siendo uno que despliega a sus hombres y mujeres en los territorios más difíciles y luego improvisa para rescatarlos cuando algo sale mal.

68 muertos en el Putumayo nos están diciendo algo que llevamos décadas sin querer escuchar: planificar para todos los colombianos no es un ideal. Es una obligación. Y seguimos debiéndola.