Columna de Opinión

Entre filtraciones y estigmas: la crisis que golpea a la U. de Sucre

Por: Olimpo García Beltrán

En las últimas semanas, la filtración de información sensible relacionada con docentes de la Universidad de Sucre ha sacudido el ambiente académico y social de la región y del país. Lo que, en principio, debió tratarse como una situación de carácter institucional o como un asunto de competencia exclusiva de los organismos de control del Estado, terminó convirtiéndose en el detonante de una exposición pública desproporcionada.

Esta situación amenaza con afectar no solo a quienes eventualmente pudieran resultar responsables, en caso de existir responsabilidades individuales, sino también a decenas de profesionales que han dedicado su vida al fortalecimiento de la educación pública, tanto en la Universidad de Sucre como en otras universidades públicas colombianas.

Como egresado de la Universidad de Sucre, formado entre sus aulas, testigo de los esfuerzos cotidianos de sus docentes y consciente de las tensiones que históricamente han rodeado su administración, siento el deber ético y ciudadano de alzar la voz frente a lo que considero un tratamiento irresponsable, políticamente motivado y profundamente injusto de esta situación. No es posible seguir en silencio cuando se generaliza de forma apresurada, cuando se instrumentaliza a los estudiantes como herramienta de presión y cuando las instancias realmente competentes han brillado por su ausencia o por su actuación tardía y selectiva intervención.

Este pronunciamiento no pretende defender lo indefendible ni desconocer la eventual existencia de irregularidades, en caso de que estas llegaren a demostrarse. Su propósito es, ante todo, reclamar rigor, proporcionalidad y sentido de justicia en el debate público alrededor de una institución que, pese a sus imperfecciones, continúa siendo el principal motor de movilidad social y formación académica para miles de jóvenes sucreños.

El primer gran problema derivado del manejo dado a la filtración de un informe de costos presentado ante la opinión pública como si correspondiera a los salarios de los docentes radica en la estigmatización generalizada e indiscriminada que dicha información promovió contra el profesorado de planta de la institución. Desde el momento en que comenzó a circular en redes sociales, medios de comunicación locales y grupos de mensajería, el contenido fue acompañado de interpretaciones simplistas que terminaron señalando al conjunto del cuerpo docente de la institución, como si todos fueran cómplices de un supuesto sistema de inequidad o beneficiarios injustificados de recursos públicos.

Poner en duda la ética y la integridad de docentes que han desarrollado su ejercicio profesoral con transparencia y compromiso, a partir del manejo inadecuado de un informe de auditoría, constituye una grave falta de respeto hacia su trayectoria y hacia el trabajo que han construido durante décadas. Además, se ha promovido un imaginario social que afecta profundamente la reputación de personas que han dedicado su vida al servicio público.

Uno de los aspectos más preocupantes de la coyuntura generada por la filtración de la información a la opinión pública ha sido el uso político de “algunos” estudiantes. En distintas manifestaciones, pronunciamientos y debates posteriores a la divulgación de los datos, se promovió la participación de algunos miembros de la comunidad estudiantil como instrumento de confrontación contra el cuerpo docente, sin que mediara un análisis serio de los hechos ni una adecuada pedagogía sobre la complejidad y el funcionamiento del sistema universitario público.

Los estudiantes de la Universidad de Sucre, como los de cualquier institución pública del país, tienen el pleno derecho de movilizarse, exigir transparencia y demandar rendición de cuentas. Nadie puede ni debe quitarles ese derecho. Sin embargo, un tema es la legítima participación estudiantil en los asuntos de su universidad y otro muy distinto es que algunos estudiantes han caído bajo la manipulación de su indignación legítima al servicio de agendas que poco tienen que ver con su bienestar académico.

Además, cuando actores externos a la comunidad universitaria, sean medios de comunicación, sectores políticos regionales o grupos de presión con intereses específicos, promueven la movilización estudiantil basada en información descontextualizada, están cometiendo una forma de instrumentalización que merece ser denunciada. El estudiante que marcha o firma un comunicado creyendo que defiende sus derechos puede estar, sin saberlo, siendo utilizado como herramienta en un conflicto que tiene otras raíces y otros beneficiarios.

Lo que se necesita no es la movilización ciega, sino la formación crítica. Los estudiantes deben ser convocados a entender, a analizar, a cuestionar con datos en la mano. No a marchar y bloquear detrás de una narrativa construida sobre una filtración cuya legalidad, autenticidad y contexto siguen siendo objeto de debate.