Columna de Opinión

Primer comentario del libro: La Constitución Soy Yo

Por: Héctor Merlano Garrido.

Hay libros que se limitan a explicar el derecho y otros que obligan al lector a reflexionar sobre el destino de las naciones. La Constitución Soy Yo, de J. Mauricio Gaona, pertenece a esta última categoría. Desde sus primeras páginas plantea una advertencia tan sencilla como profunda: el poder sin límites siempre termina convirtiéndose en tiranía. Cuando la Constitución deja de ser el límite del gobernante para convertirse en un instrumento de su voluntad, la democracia comienza a desmoronarse, aunque continúe conservando sus formas y rituales electorales.

La mayor virtud de la introducción consiste en demostrar que este fenómeno no es una anomalía contemporánea ni una invención latinoamericana. Por el contrario, representa una constante histórica. Los pueblos cambian, los escenarios evolucionan y las ideologías se transforman, pero la tentación del gobernante de identificarse con el Estado y de confundir su voluntad con la voluntad popular ha acompañado a la humanidad desde la antigüedad.

Gaona encuentra en John Adams una de las expresiones más sólidas del constitucionalismo moderno. El segundo presidente de los Estados Unidos comprendía que la verdad histórica no podía sacrificarse en el altar de la propaganda. Por ello censuró la representación idealizada de la independencia norteamericana realizada por John Trumbull y recordó que la revolución había sido, en realidad, una escena de profundas divisiones y conflictos. Su preocupación iba mucho más allá de un cuadro: advertía que cuando el poder reescribe la historia termina debilitando los cimientos mismos de la libertad.

No es casual que el propio Adams hubiera dejado como legado una de las fórmulas más célebres del constitucionalismo universal: un gobierno de leyes y no de hombres. Esa expresión resume la esencia del Estado de Derecho: ninguna autoridad, por popular que sea, puede situarse por encima de la Constitución. La legitimidad democrática no reemplaza los límites jurídicos; por el contrario, encuentra en ellos su principal garantía de permanencia.

La misma enseñanza aparece siglos antes en la Roma republicana. Mientras Julio César justificaba la concentración del poder presentándose como el salvador del pueblo frente a una clase dirigente corrupta, Marco Tulio Cicerón comprendía que la verdadera amenaza no provenía únicamente del hombre fuerte, sino del uso de las propias instituciones para destruir la República desde su interior. Su sentencia —"somos siervos de las leyes para poder ser libres"— continúa siendo una de las definiciones más lúcidas sobre la relación entre libertad y legalidad.

Es precisamente esa línea histórica la que permite al autor sostener que el caudillismo latinoamericano del siglo XXI no constituye una innovación política, sino la reedición de una estrategia milenaria. El nuevo autoritarismo ya no necesita clausurar los congresos ni abolir las constituciones; le basta con reinterpretarlas hasta vaciarlas de contenido, invocando permanentemente una supuesta voluntad popular que termina identificándose con la voluntad personal del gobernante.

En ese contexto, Gaona examina el precedente venezolano bajo Hugo Chávez y proyecta su análisis sobre la experiencia colombiana durante el gobierno de Gustavo Petro. Más allá de que el lector comparta o discrepe de sus conclusiones, la pregunta que atraviesa toda la obra resulta imposible de ignorar: ¿qué ocurre cuando quien llega al poder gracias a la Constitución comienza a presentar esa misma Constitución como el principal obstáculo para realizar su proyecto político?

La respuesta que propone el autor es inquietante y merece ser debatida. Las democracias rara vez mueren de manera abrupta; normalmente se erosionan lentamente, cuando la ley deja de gobernar a los hombres y comienza a gobernar la voluntad de un solo hombre. Esa es, quizá, la enseñanza más valiosa de esta obra: recordar que la defensa de la Constitución no consiste únicamente en proteger un texto jurídico, sino en preservar el único límite capaz de impedir que el poder termine confundiendo al gobernante con el Estado y al Estado con su propia voluntad.