Columna de Opinión

El mar como acueducto para Sincelejo

Por: Carlos Enrique Paternina.

El 25 de julio, Sincelejo volvió a quedarse sin agua. No por sequía, no por escasez real de recurso hídrico, sino porque un tercero dañó un poste de energía que alimenta el campo de pozos de Veolia. Ocho días antes, una tormenta eléctrica había dejado a la ciudad sin acueducto durante diez horas. En septiembre pasado, más del 45% de la ciudad estuvo sin servicio durante días. El patrón es siempre el mismo: una falla eléctrica puntual colapsa un sistema de captación subterránea que ya opera al límite, y miles de familias terminan dependiendo de carrotanques.

Esto no es una anomalía. Es la estructura. Sincelejo depende del acuífero de Morroa, un campo de pozos de agua subterránea, finita, vulnerable a cualquier interrupción eléctrica, para abastecer a más de 300.000 habitantes en la cabecera urbana. Y el problema no es local: el mapa de la crisis hídrica del Caribe colombiano muestra que Sucre, Córdoba, Bolívar, Magdalena y La Guajira comparten el mismo patrón estructural: cobertura nominal alta, continuidad baja, infraestructura obsoleta, dependencia de fuentes frágiles. La diferencia entre un verano incómodo y una calamidad pública, como ya lo vivió Bogotá con Chingaza en 2024-2025, es la existencia de una fuente de respaldo verdaderamente independiente del ciclo de lluvias y de las líneas eléctricas convencionales.

Esa fuente existe. Se llama mar Caribe, y Sincelejo está a escasos kilómetros de él.

La idea de instalar una planta desalinizadora en Coveñas para alimentar un sistema regional que llegue a Sincelejo, Tolú, Toluviejo, Corozal, Morroa y Sampués no es exótica ni importada de contextos ajenos a Colombia. Ya es política pública activa en el país: el gobierno nacional entregó en febrero de este año una planta de ósmosis inversa en Yotojoroin (Uribia, La Guajira) por cerca de 6.800 millones de pesos, con capacidad de 80.000 litros diarios para 5.000 habitantes. La UNGRD tiene contratadas tres plantas adicionales en Bahía Honda, Puerto Estrella y Puerto López, de 20.000 litros/hora cada una. San Andrés ya opera desde hace años una planta de ósmosis inversa de 2.160 m³/día que abastece a 23.000 personas de la isla.

Lo que se ha hecho en La Guajira y San Andrés a escala de corregimiento y municipio-isla, Sucre lo necesita a escala metropolitana. Y el referente de tamaño correcto ya no hay que buscarlo fuera del país: está a 324 kilómetros de Sincelejo, en Santa Marta.

El Plan Maestro de Acueducto de Santa Marta 500 años contempla dos plantas desalinizadoras: una en Pozos Colorados con capacidad de 60.000 metros cúbicos diarios y otra menor en Taganga, de 2.000 m³/día, para una capacidad conjunta superior a 600 litros por segundo y una población objetivo de más de 760.000 habitantes. El Gobierno Nacional asignó un Conpes por 765.000-786.000 millones de pesos, declaró el proyecto Proyecto Estratégico de la Nación, y la obra se articula con el resto del Plan Maestro (rehabilitación de pozos, optimización hidráulica, la planta El Curval) en un paquete que supera el billón de pesos.

Esto es, aproximadamente, el orden de magnitud que necesitaría un sistema Coveñas–Tolú–Sincelejo para dejar de depender del acuífero de Morroa como única fuente: no una planta de corregimiento como las de La Guajira, sino infraestructura de escala metropolitana, con financiamiento de Nación y declaratoria de proyecto estratégico.

Pero Santa Marta también deja una lección de gobernanza que Sucre no puede repetir por descuido. El propio presidente Petro cuestionó públicamente la ubicación inicial de la planta sur, en cercanías de zonas turísticas y hoteleras, en lugar de priorizar los barrios con mayor déficit de acceso. Y, en las semanas previas al cambio de gobierno, el equipo entrante del presidente electo De la Espriella pidió a la Procuraduría una intervención preventiva sobre el contrato de 786.000 millones de pesos, por presuntas inconsistencias en la planeación y el sustento presupuestal del proceso de contratación. El mensaje para Sucre es claro: la viabilidad técnica de desalinizar en el Caribe colombiano ya está demostrada y financiada por la Nación; lo que decide si un proyecto de esta escala sobrevive el cambio de gobierno es la solidez de su estructuración (sitio, contrato, transparencia) desde el primer día.

Aquí está el argumento que, a mi juicio, cambia el cálculo de viabilidad y que hasta ahora ha estado ausente del debate público. Cenit, filial de Ecopetrol, tiene autorización de la ANLA y está adelantando el proyecto de regasificación en el Terminal Marítimo de Coveñas, con entrada en operación prevista para 2027. Es decir: en menos de dos años, Coveñas tendrá una unidad flotante de recibo e internación de gas natural licuado conectada al Sistema Nacional de Transporte, en el mismo punto geográfico donde estamos proponiendo desalinizar agua de mar.

La desalinización por ósmosis inversa es un proceso intensivo en energía: ese ha sido históricamente el principal obstáculo de costo y de huella de carbono en cualquier proyecto de este tipo. Tener gas regasificado disponible localmente (o, alternativamente, capacidad de generación asociada a esa infraestructura) convierte a Coveñas en el único punto del Caribe colombiano donde coinciden, en el mismo terminal, la fuente de agua (el mar), la fuente de energía (GNL regasificado) y la infraestructura portuaria ya construida y operativa desde hace décadas. Esto no es replicable fácilmente en otro punto de la costa sucreña. Es una ventana de oportunidad de bundling de infraestructura que normalmente toma años de planeación conjunta y que aquí se está presentando por convergencia de dos agendas (energética y de agua) que hasta ahora no se han hablado entre sí.

Hay una dimensión de este debate que suele quedarse fuera cuando el agua se discute solo como servicio domiciliario, y es la industrial y agroindustrial. Ningún clúster productivo se instala sobre una red que se cae cada vez que la energía deja de fluir. GALTCO, el clúster de aluminio verde que hace parte de la agenda estratégica de Sucre, necesita agua de proceso continua y confiable, no un servicio que depende de que no llueva fuerte esa semana. Lo mismo aplica para cualquier agroindustria de transformación que aspire a instalarse bajo los beneficios tributarios de una Zona Económica y Social Especial (ZESA/ZESE) para Sucre y La Mojana: ese incentivo fiscal atrae inversión solo si viene acompañado de infraestructura básica que la sostenga.

Esta lectura no es una ocurrencia mía. El ingeniero y empresario sucreño Remberto Merlano (constructor de buena parte del sistema eléctrico de la región y de la interconexión de San Andrés) ha venido planteando públicamente que la declaratoria de la ZESA debe ir de la mano de un plan masivo de agua potable para el departamento, junto con la adecuación vial y la masificación de conectividad, como condiciones habilitantes para que la región deje de exportar solo materia prima sin transformar y empiece a generar valor agregado. Su argumento es el mismo que sostiene este artículo desde el urbanismo: no hay ZESA competitiva, ni GALTCO viable, ni agroindustria de La Mojana escalable, sobre una matriz hídrica que colapsa con cada tormenta.

Dicho de otro modo: la planta desalinizadora en Coveñas no es únicamente un proyecto de servicios públicos para resolver la queja ciudadana del carrotanque. Es infraestructura habilitante de la política de desarrollo económico que Sucre ya tiene formulada en su agenda de 15 proyectos estratégicos. Sin agua industrial confiable, la ZESA es un régimen tributario sin sustrato; con ella, es una plataforma real de atracción de inversión.

Sin un estudio de factibilidad no hay cifra responsable, pero las referencias disponibles permiten fijar un rango. Los proyectos guajiros de pequeña escala (miles de habitantes) han costado entre 4.000 y 15.000 millones de pesos por planta. Un sistema metropolitano para el corredor Sincelejo–Corozal–Morroa– Sampués–Tolú–Toluviejo, del orden de los 400.000-500.000 habitantes servidos, implica una inversión de un orden de magnitud superior (cientos de miles de millones de pesos), comparable a un proyecto de infraestructura vial o portuaria mediana, y con una vida útil de operación de décadas. La comparación relevante no es contra el costo de no hacer nada, sino contra el costo recurrente de las emergencias por carrotanque, las pérdidas económicas por interrupción del servicio y el gasto en salud pública asociado a agua de fuentes alternas contaminadas, que ya se documenta en otras crisis hídricas del Caribe.

Tres advertencias técnicas debemos de tener presentes, para que este no sea otro anuncio sin sustento:

1. Disposición de salmuera. El subproducto concentrado de sal debe verterse con estudio de impacto ambiental y monitoreo del ecosistema marino del Golfo de Morrosquillo, que sostiene pesca artesanal y turismo costero en Tolú y Coveñas. No es un trámite menor.

2. Gobernanza institucional. Un sistema que sirve a varios municipios de dos subregiones (costa y sabanas) no puede depender de la voluntad de una sola alcaldía. Aquí es donde el Área Metropolitana de las Sabanas, bajo la Ley 1625 de 2013, deja de ser solo un vehículo de planeación urbana y se convierte en la estructura de gobernanza natural para operar un acueducto regional multimunicipal (exactamente el mismo argumento que ya usamos para el proyecto de Acueducto Regional dentro de la agenda de los 15 proyectos estratégicos de Sucre).

3. Empalme con el operador actual. Cualquier propuesta debe articularse (o disputarse abiertamente) con Veolia, que hoy opera la concesión. Una fuente desalinizada no reemplaza el sistema existente de la noche a la mañana; se integra como respaldo estructural y, con el tiempo, como fuente primaria complementaria.

La discusión sobre el agua en Sincelejo se ha resuelto históricamente como emergencia: carrotanques, reparaciones eléctricas, comunicados de "servicio restablecido". Eso es gestión del síntoma. La pregunta de fondo es territorial: ¿por qué una ciudad capital de casi 300.000 habitantes urbanos sigue dependiendo de una única fuente subterránea vulnerable, cuando a 45 minutos tiene mar, y ese mismo punto del mar está a punto de tener infraestructura energética de talla nacional?

Coveñas no es solo un balneario ni solo un terminal petrolero. Con la regasificadora entrando en operación en 2027, tiene la oportunidad de convertirse en el nodo de infraestructura básica (energía y agua) de todo el corredor Sincelejo-Golfo de Morrosquillo. Dejar pasar esa ventana sin ponerla en la agenda técnica y política sería repetir, una vez más, el patrón de la Sucre que planea desde el margen mientras la solución estaba en la costa que ya es nuestra.