Columna de Opinión

Balance del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro

Por: Estella Patricia Alba

Hacer seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia, Potencia Mundial de la Vida’ implica evaluar el núcleo del proyecto de gobierno: transitar de un modelo asistencialista hacia una garantía efectiva de derechos humanos. El Plan planteó como ejes transversales la Seguridad Humana y Justicia Social, el Derecho Humano a la Alimentación y el Reordenamiento Territorial alrededor del Agua.

​Hoy, al hacer un balance objetivo, encontramos un panorama de avances significativos en metas estructurales, pero también de tensiones operativas y de ejecución presupuestal que han ralentizado el ritmo de las transformaciones prometidas.

El ​Consejo Nacional de Planeación presenta en su último informe de este PND la radiografía de la sociedad civil sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo

• El documento reúne el análisis de los sectores que integran el Consejo Nacional de Planeación (CNP), los aportes de los Consejos Territoriales de Planeación y la visión de entidades territoriales sobre la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. 

• La mirada sectorial de la sociedad civil contrasta las cifras presentadas por el Gobierno Nacional en sus bases de datos oficiales.  

• “El seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo no busca únicamente medir avances; busca aportar evidencia, escuchar a los territorios y fortalecer la participación ciudadana como fundamento de las decisiones públicas. Esperamos que el próximo gobierno nacional tenga en cuenta la información presentada”, menciona Imelda Restrepo, vicepresidenta de Estudios Económicos de la ANDI y presidenta del Consejo Nacional de Planeación. 

El Consejo Nacional de Planeación (CNP) presentó al país el tercer y último Informe de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, un ejercicio de análisis independiente que revisa los avances, desafíos y oportunidades de mejora en la implementación de la principal hoja de ruta del país. 

El informe fue elaborado a partir de información proveniente de entidades del Gobierno Nacional, bases de datos oficiales, organizaciones de la sociedad civil, la academia y los análisis realizados por los consejeros y consejeras nacionales de planeación representantes de gremios y organizaciones nacionales. Para esta edición también se incorporaron aportes de la Federación Nacional de Departamentos y de los Consejos Territoriales de Planeación, fortaleciendo una mirada plural sobre el desarrollo nacional.  Uno de los componentes centrales del documento es la estrategia “Del papel al territorio”, mediante la cual el CNP consultó a consejeros y consejeras territoriales de planeación de diferentes regiones del país para conocer su percepción sobre el estado de ejecución de los proyectos estratégicos priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo. Este ejercicio permitió complementar los datos institucionales con la experiencia y el conocimiento de quienes hacen seguimiento a la gestión pública desde los territorios. 

El informe desarrolla un análisis desde los distintos sectores representados en el Consejo Nacional de Planeación —entre ellos educación, cultura, mujeres, comunidades étnicas, economía, ambiente, discapacidad y organizaciones sociales—, así como capítulos elaborados por entidades territoriales como la Gobernación de Antioquia, la Gobernación de Casanare y la Alcaldía de Ipiales, ofreciendo una visión amplia sobre la implementación del Plan Nacional de Desarrollo en el país. 

Resultados por sectores:

 

Educación y cultura. Cultura registra un avance del 91,45 %, mientras educación alcanza el 73,22 %, de acuerdo con los datos del DNP. Sin embargo, el sector alerta que entre 2020 y 2024 cerraron más de 3.700 colegios y, de no adaptarse la política educativa a los cambios demográficos, se proyecta el cierre de más de 6.200 sedes adicionales hacia 2030. El llamado es a pasar de una política centrada únicamente en cobertura a una educación territorializada y enfocada en calidad.  

Sector raizal. El archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina e  Islas, tiene una densidad aproximada de 1.368 habitantes por km², frente a un promedio nacional de 42; además, el sector señala que solo cerca del 40 % del territorio de San Andrés está ocupado por población raizal. Se alerta sobre la crisis ambiental y de manejo de aguas que atraviesa la isla y que pondría en riesgo el turismo y los ecosistemas. 

Sector comunitario. El informe destaca 1.123 convenios solidarios por $141.991 millones en 20 departamentos, fortaleciendo a las comunidades como actores directos del desarrollo. Sin embargo, persisten desafíos, especialmente en la seguridad de líderes sociales, comunales y comunitarios.

Mujeres. Uno de los avances destacados está en el acceso de las mujeres rurales al crédito. El sector reconoce estos resultados y avances en salud y prevención de violencias, pero advierte que persisten desigualdades estructurales y que los resultados nacionales todavía no se perciben de manera homogénea en territorios como Arauca y Valle del Cauca.  

Sector social. Desde las organizaciones sociales y campesinas se reconocen avances en acceso y titulación de tierras, pero el informe advierte que entregar tierra no es suficiente si las familias no cuentan con condiciones para hacerla productiva. Las dificultades de las vías terciarias, el acceso a recursos y la ausencia de sistemas adecuados de comercialización siguen obligando a numerosos productores a depender de intermediarios. El mensaje del sector es que la reforma rural debe conectar tierra, infraestructura, producción y comercialización para traducirse en mejores ingresos y bienestar. 

Discapacidad. A marzo de 2026, 18.557 personas con discapacidad trabajan en entidades del Estado, frente a una meta de 20.000 al finalizar el cuatrienio, y el indicador registra un cumplimiento del 80,67 %. El sector reconoce el avance, pero advierte que la cifra no refleja por sí sola las dificultades que siguen enfrentando las personas con discapacidad para acceder a empleos dignos y al sector público. También plantea revisar los mecanismos de acceso al empleo e incorporar de manera más efectiva a las personas cuidadoras en las políticas públicas. 

Sector económico. El CNP advierte importantes retos en crecimiento, inversión y sostenibilidad fiscal. El informe señala que el déficit fiscal supera el 7 % del PIB y la deuda pública el 60 %, mientras persisten dificultades para convertir mayores presupuestos en resultados. En el sector agropecuario, por ejemplo, la apropiación alcanzó $7,88 billones en 2024, pero su ejecución fue del 38,6 %.  El llamado es a recuperar el crecimiento, fortalecer la inversión y mejorar la eficiencia del gasto público, para que los recursos se traduzcan efectivamente en empleo, productividad y desarrollo en los territorios. 

Comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras. Cerca de 3,7 millones de personas, equivalentes al 7,1 % de la población nacional, se autorreconocen como negras, afrodescendientes, raizales o palenqueras; su presencia aumenta al 11,1 % en centros poblados y rural disperso. El informe advierte que la reducción nacional de la pobreza —del 39,7 % en 2021 al 33 % en 2023— no se ha reflejado con la misma intensidad en esta población. El sector reclama acelerar inversiones, fortalecer el enfoque diferencial étnico y garantizar recursos para cerrar brechas históricas en infraestructura, salud, vivienda, agua, energía, conectividad y empleo. 

 

Sector ecológico. El balance ambiental reconoce apuestas como Basura Cero, la regulación de plásticos de un solo uso y la meta de elevar al 25 % el aprovechamiento de materiales, pero advierte que la transformación ambiental requiere mucho más que indicadores. El sector pone sobre la mesa la crisis de ecosistemas estratégicos y, especialmente, la situación de los líderes ambientales: sin seguridad territorial y protección efectiva de quienes defienden el ambiente no puede existir una transformación ecológica sostenible.  

Pueblos indígenas. El seguimiento analiza los compromisos construidos mediante consulta previa con los pueblos y las siete organizaciones indígenas que integran la Mesa Permanente de Concertación, incluyendo acuerdos, programación presupuestal, trazabilidad del gasto y ejecución entre 2023 y 2026. El balance reconoce la institucionalización de mecanismos de concertación, pero insiste en que el principal reto es cerrar la distancia entre los acuerdos alcanzados y su ejecución efectiva. Para el sector, la consulta previa debe traducirse en presupuesto, acciones verificables y transformaciones concretas en los territorios indígenas. 

El informe estará disponible para consulta pública a través de www.cnp.gov.co y de los canales oficiales del Consejo Nacional de Planeación.